Luego de cumplida una sentencia
efectiva de 25 años de prisión por los hechos de la guerra interna en el Perú,
sanción establecida en el megajuicio del año 2006, los presos políticos Osmán Morote
y Margot Liendo deberían haber salido en libertad según mandan las leyes
peruanas. ¿Por qué esto no se ha cumplido? Evidentemente por razones políticas
del Estado peruano que ha maniobrado para impedir estas libertades.
Desde que asumió el señor Juan Jiménez
como primer ministro, planteó claramente la posición de la derecha peruana: “No
se va a tolerar que ningún grupo extremista ni terrorista que ideológicamente
busca la destrucción del Estado pueda incorporarse a la comunidad … les pido a
todos que nos unamos contra el terrorismo, esta es la línea del gobierno.”
Es decir, la persecución por ideas estaba declarada en su primer discurso ante
el Congreso de la República de agosto del 2012.
Ese mismo año volvió a declarar:
“Estamos trabajando una ley de custodia de seguridad que va a permitir que las
personas que salgan de prisión condenadas por delitos de terrorismo puedan
tener algún tipo de seguimiento… está saliendo el número 2 de Sendero Luminoso
ya de prisión en junio del próximo año y queremos tomar todas las medidas para
garantizar la seguridad a la población”. Aquí se proclama ilegalmente que
seguirá el seguimiento apenas salgan en libertad pese a no intentarse ningún
delito, solo por tener ideas diferentes. Y hace un llamado para ver cómo impedir
la libertad de Osmán Morote (Y eso del “número 2”, la policía y cualquier
político avisado saben que es falso, eso es solo para crear más temor y
zozobra).
Dijo también: “Trabajamos un paquete
de medidas en el Gabinete para reenfocar la estrategia de lucha contra el
terrorismo… las propuestas abordarán lo relacionado con la infiltración de
facciones con apología terrorista en las universidades y evitar que
personas condenadas por este delito sean liberadas de manera simple… la ley del negacionismo, presentada por el Ejecutivo
para sancionar a quien promocione, promueva o niegue el accionar terrorista,
constituye un gran aporte”. Esa es “la línea del gobierno”, persecución
política a los marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo que alcanza hasta
a todos los que cuestionen el sistema capitalista. Es persecución a la libertad
de pensamiento y de expresión que condenamos y que también encuentra fuerte
oposición en sectores democráticos que cuestionan su llamada ley de
negacionismo. La prisión arbitraria del dirigente magisterial Efraín Condori
por más de dos meses en Lurigancho por dirigir la huelga del 2012 es muestra de
ello.
Siguiendo
estas orientaciones, Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia
del Congreso, en
noviembre 2012, hablando sobre el negacionismo dijo: “Creo que hay otros
caminos. Por eso hemos trabajado en la judicialización del Caso Soras… con este juicio Osmán Morote y otros terroristas
pasarán más tiempo en la cárcel por asesinos.” “Esto puede permitir en términos
de sentencias que, por ejemplo, Osmán Morote que iba a salir en libertad, si es
que se le acredita su vínculo por autoría mediata pueda permanecer hasta 10
años más en prisión”. “Pensábamos que 17 años no iban a pasar nunca, pero ya
pasaron y tenemos que estar listos”.
¡Clarísimo! Han buscado cualquier medio para
impedir las libertades que se venían y ha sido el propio Congreso quien ha
rebuscado e inventado el nuevo caso Soras que ya no tiene sentido pues en el
megajuicio los dirigentes del PCP fueron juzgados y sentenciados por todos los
hechos de la guerra interna desde 1980 hasta el 2000.
Pero quien más clara y torpemente
sostiene la persecución política es el procurador Julio Galindo, quien en
Buenos Días Perú y en canal N dijo: “Morote se pronunció después de 20 años de prisión,
mientras mi maestro Abimael Guzmán, mis camaradas y compañeros permanezcan
presos la brega por su libertad será obligación principal mía. Esto es bastante
peligroso” “El solo hecho de decir que Abimael Guzmán es un filósofo yo creo
que hay un exceso de calificación”. Y cuando la periodista le dice: “pero
existe la libertad de expresión ¿no?”, Galindo responde: “hasta ahorita sí …
Por razones muy excepcionales no le puedo decir qué acciones hemos tomado, lo
que sí le quiero decir a usted que la Procuraduría ha tomado una acción
concreta sobre ese tema de los que salen próximamente” Periodista: “porque
ellos ya cumplieron su sentencia …” Galindo: “desde el punto de vista
constitucional, pero vamos a ver qué pasa pues” Periodista: “pero ¿cómo pasa?
¿vamos a trasgredir la ley?” Galindo: “no, nunca”. ¡Ahí quedó al descubierto su
maniobra! No tenían otra opción que una salida inconstitucional y eso han
hecho. Armaron el caso Soras sobre hechos ocurridos hace 30 años y usaron a una
jueza para que dicte mandato de detención por este nuevo caso, pues, según
Galindo, bregar por la libertad de los presos políticos ¡“es bastante
peligroso”!
El
propio congresista fujimorista Octavio Salazar había dicho en diciembre: “Si han cumplido su condena, no
podemos estar creándoles otros delitos. Solo nos queda aceptar”. Pero lo
crearon: ese es el caso Soras, plan político reaccionario para impedir
libertades e imputar delitos de lesa humanidad que en más de 20 años hasta hoy
no han podido probar. Por eso en abril 2013 Galindo reclama su mérito: “Ese es
un gran logro de la Procuraduría porque aquí lo evaluamos y lo impulsamos como
estrategia de lucha contra el terrorismo”.
Y mostrando su incompetencia declara
el 11 de junio: “Aquí se va a aplicar el Código Penal de 1924, vale decir, el
decreto legislativo 046. Según lo estipula esta norma, le corresponde pena de
internamiento, y esa pena considera una carcelería de 25 años de pena privativa
de libertad”. Es decir ¡pide una pena de 25 años cuando los acusados ya
cumplieron 25 años encarcelados! Pero añade: “Osmán Morote
mantiene su pensamiento violentista y de terror, porque desconoce su
responsabilidad penal en la muerte de personas por el accionar de Sendero
Luminoso”, “Él es un hombre que cree que se encuentra en el camino correcto. Es
más, sostiene que es un procesado político… Entonces, es un hombre muy peligroso para la
sociedad peruana”. Eso proclama la derecha: ¡Muy peligroso porque se llama
preso político! ¡Muy peligroso por su pensamiento! ¡Muy peligroso porque cree
que está en el camino correcto! Por eso es que hasta los libros los prohíben
(caso De Puño y Letra y de la
revista Vórtice) y sancionan a la profesora Elena Iparraguirre porque mandó una
carta rectificatoria a un diario local. ¡Esos son los demócratas de pacotilla
del Estado peruano!
Osmán y Margot han cumplido su
condena y no los dejan salir de prisión. La solidaridad y apoyo del pueblo
peruano y pueblos del mundo debe expresarse en rechazo a la política
persecutoria de odio y venganza que practica la reacción peruana. Y aunque en
setiembre el coronel Benedicto Jiménez afirmó tener “respeto y consideración”
por el doctor Abimael Guzmán de quien dijo fue un “contendor estratégico e
inteligente”, los voceros oficiales del régimen han seguido con su venenosa
campaña de infamias y ahora abren el nuevo juicio por Soras incluyendo a los
dos dirigentes máximos del PCP ¡que ya están cumpliendo condena de cadena
perpetua!
Como recientemente ha escrito el
periodista Raúl Wiener el 17 de junio,
esto es “un abuso de derecho”, “es una maniobra jurídica que
busca satisfacer a un sector de la opinión pública y los medios que consideran
que el dirigente senderista sigue siendo un peligro público... La congresista
Marisol Pérez Tello lo explicó varias veces como la “gran solución” a este
caso, que se había elaborado en la Comisión de Justicia y que se le había
entregado a los jueces.
La
“solución” por cierto que viola las mínimas garantías procesales y finalmente
va a ser indefendible en cualquier escenario internacional de derechos humanos”.
Son 25 años efectivos de prisión en
que ambos presos políticos sufrieron torturas, aislamiento absoluto, fueron
heridos de bala en la matanza del 92 en el penal Castro Castro, llevados a
Yanamayo a 4 mil metros sobre el nivel del mar, privados de visitas y estuvieron
en las peores condiciones de prisión. ¡Basta ya! ¡Su libertad es un derecho! La
guerra popular terminó hace 20 años y lo que corresponde es una solución
política, amnistía general y reconciliación nacional, no la persecución
política que el Estado aplica. Hacer la revolución no es un delito, es el
derecho de los pueblos contra la opresión y explotación.
¡DESENMASCARAR
EL CASO SORAS, PLAN POLÍTICO REACCIONARIO DEL ESTADO PERUANO!
¡ABAJO
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS COMUNISTAS, LOS REVOLUCIONARIOS Y CONTRA EL
PUEBLO!
¡LIBERTAD
INMEDIATA PARA LOS PRESOS POLÍTICOS OSMÁN MOROTE Y MARGOT LIENDO!
Junio
2013
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